Juicios Orales en Materia Penal

 

La implementación de los juicios orales en México, en materia penal, implica principalmente una tarea de planeación estratégica de políticas públicas, que comprende básicamente los siguientes tres rubros:

a) Adecuación de la legislación secundaria. Este rubro es necesario modificar diez ordenamientos legales:

1. Ley de seguridad pública.

2. Ley orgánica de la procuraduría general de la república.

3. Ley federal de la delincuencia organizada.

4. Ley orgánica del poder judicial de la federación.

5. Código penal

6. Código Federal de Procedimientos Penales

7. Ley de Amparo

8. Ley de Justicia para Adolescentes;

9. Ley Federal de la Defensoría Pública

10.Ley de Ejecución de Sanciones.

 

b) Capacitación de los actores jurídicos. La actividad de capacitación se debe de desarrollar considerando a todos los actores jurídicos por igual, sin exclusión de función competencial o nivel gubernamental, esto es, debe comprender de manera integral a: los agentes policiales, agentes del Ministerio Público, juzgadores, secretarios de juzgado y tribunal, defensores públicos, peritos, abogados y docentes. Asimismo, debe ser enfocada en la trasmisión de los conocimientos jurídicos que vayan más allá del dominio de la expresión oral y se enfoquen en el conocimiento del sistema acusatorio garantista.

 

c) Dotación de recursos materiales. La dotación de recursos, implica una gran tarea de planeación estratégica, en la que se requiere la intervención de los órganos de gobierno y administración de cada una de las instituciones que intervienen en el proceso penal, para efecto de establecer de manera precisa los costos fijos y de operación que se necesitarán para hacer posible su participación, por ejemplo, en el Poder Judicial, la construcción y operación de los juzgados de control, instrucción, de juicio oral, de justicia para adolescentes y de ejecución de penas.